¿Qué es el SMAC y para qué sirve?

SMAC

La legislación laboral impone la obligación de someter un gran número de controversias laborales al trámite previo de la conciliación, donde trabajador y empresario tratan de solucionar el conflicto por vía extrajudicial. El organismo ante el que se deben desarrollar los actos de conciliación es el SMAC, cuya regulación es una competencia cedida a las comunidades autónomas. 

A continuación, vamos a ver qué es exactamente el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) y cuáles son sus funciones.

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¿Qué tipo de organismo es el SMAC?

El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) es un organismo público ante el que se llevan a cabo los actos de conciliación o mediación laboral que impone la Ley reguladora de la jurisdicción social como requisito previo al procedimiento jurisdiccional.

El artículo 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social establece la obligación de someter la mayoría de los conflictos laborales a un trámite de conciliación o mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones.

La regulación de este organismo y del trámite de conciliación es una competencia cedida a las comunidades autónomas, por lo que, aunque las funciones son las mismas, el organismo recibe una denominación diferente según el territorio del que se trate.

¿Cómo se llama el SMAC en las distintas comunidades autónomas?

Los nombres con los que se conoce el servicio público de mediación, arbitraje y conciliación en las distintas comunidades autónomas son los siguientes:

  • En Cataluña se llama CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación).
  • En Cantabria es el SEMAC o SMAC, pero también existe la fundación privada ORECLA.
  • En Asturias y Extremadura es el UMAC (Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación).
  • En Galicia, la SMAC (Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación).
  • SEMAC en Canarias.
  • SMAC o SEMAC en Navarra, País Vasco, La Rioja.
  • SMAC en Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia y Madrid.
  • SAMA en Aragón (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje).
  • SERLA (Servicio de Relaciones Laborales de titularidad privada) o el SMAC (servicio público) en Castilla y León.
  • SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales) en Andalucía.
  • TAMIB (Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares) en Baleares.

En algunos territorios coexisten los servicios públicos de mediación y arbitraje con los de titularidad privada participados por asociaciones sindicales y de empresarios, que también han cobrado mucha importancia en algunas comunidades.

¿Qué conflictos deben someterse al trámite de conciliación ante el SMAC?

El SMAC es competente para intervenir en la resolución de conflictos laborales relacionados con el contrato de trabajo y no excluidos expresamente por la Ley reguladora de la jurisdicción social. En concreto, deberá mediar en conflictos sobre las siguientes materias:

¿En qué casos no se exige el trámite previo de conciliación?

El artículo 64 de la Ley reguladora de la jurisdicción social recoge una serie de procesos que se exceptúan del requisito previo del acto de conciliación o mediación, que son:

  • Los procesos para los que se exija la reclamación previa en vía administrativa u otra forma de agotar la vía administrativa.
  • Los que versen sobre Seguridad Social.
  • Los procesos sobre impugnación del despido colectivo instado por los representantes de los trabajadores.
  • Los que traten sobre desacuerdos en el disfrute de las vacaciones.
  • Los procesos en materia electoral.
  • Los procedimientos sobre movilidad geográfica o modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • Los que traten sobre suspensión del contrato y reducción de jornada debida a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien derivadas de fuerza mayor.
  • Los procesos monitorios.
  • Los conflictos sobre los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral regulados en el artículo 139 de la ley.
  • Los procesos iniciados de oficio.
  • Los que versen sobre impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación.
  • Los procedimientos en materia de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
  • Los procesos en los que se pretenda la anulación de laudos arbitrales.
  • Los que traten sobre impugnación de acuerdos de conciliaciones, mediaciones y transacciones.
  • Los procedimientos para reclamar sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia.
  • Los de acciones laborales de protección contra la violencia de género.
  • Aquellos en los que la papeleta de conciliación o la demanda se haya dirigido contra personas determinadas y deba ser ampliada o dirigida en otro momento del proceso contra personas distintas a las inicialmente demandadas.
  • Por último, se exceptúan todos los casos en que la representación en el proceso corresponda al abogado del Estado, al letrado de la Administración de la Seguridad Social, a los representantes procesales de la comunidad autónoma o de las administraciones locales o al letrado o letrada de las Cortes Generales.

¿En qué consiste el trámite de conciliación ante el SMAC?

Dentro del plazo que la legislación laboral concede en cada caso para presentar la demanda correspondiente ante el juzgado de lo social (normalmente 20 días hábiles), se habrá de presentar, en los casos en que sea preceptiva, la papeleta de conciliación ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la comunidad autónoma.

La presentación de la papeleta de conciliación interrumpe los plazos para la presentación de la demanda, que se reanudan cuando se entienda que la conciliación ha sido intentada sin éxito.

Se puede presentar la papeleta de conciliación presencialmente o, en la mayoría de los casos, también por internet, haciendo uso de la sede electrónica del organismo en cada comunidad autónoma.

Otros medios de presentación de la papeleta son los registros públicos de la localidad o el correo certificado.

Una vez presentada la papeleta, el acto se celebrará en un plazo de entre 15 y 30 días hábiles, según los casos. La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para ambas partes en conflicto.

Si transcurre este plazo sin que se haya celebrado el acto de conciliación o mediación, o sin haber alcanzado un acuerdo, se tendrá por terminado el procedimiento y por intentado el trámite, quedando disponible la vía jurisdiccional.

Durante el acto de conciliación, ambas partes tratarán de llegar a un acuerdo, que puede ser total o parcial, o incluso puede terminar el acto sin acuerdo. El mediador de la Administración se limitará a registrar en un acta el resultado de la conciliación, sin poder decidir ni imponer una solución.

El acuerdo de conciliación o mediación y el laudo arbitral firme es de obligado cumplimiento por ambas partes, y constituye título ejecutivo sin necesidad de ratificación por un órgano jurisdiccional.

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