¿Hay derecho a indemnización por despido disciplinario?

Indemnización despido disciplinario

En ocasiones, la finalización unilateral, por parte de un empleador de la relación laboral que le une con uno o varios de sus trabajadores origina la obligación de compensar económicamente a la persona o personas afectadas.

Pero cuando un empresario tramita un despido disciplinario, por cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente, no estará obligado a indemnizar al trabajador afectado.

No existen excepciones, aunque conviene emplear las próximas líneas en repasar algunos detalles acerca de este tipo de despido y, también, de las posibles consecuencias de su impugnación.

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¿Qué tipos de despido existen en España?

La normativa laboral española contempla tres modalidades de despido, cuyas formas y efectos son diferentes, también en términos del derecho a indemnización en favor del trabajador afectado.

Los tres tipos de despido que se pueden tramitar en España son los siguientes:

Tanto los despidos de carácter colectivo como los individuales por causas objetivas conllevan el pago de una indemnización al trabajador afectado, cuya cuantía se calcula en función a su antigüedad y salario.

Sin embargo, en los casos de despido disciplinario, la persona afectada no recibirá ninguna compensación económica.

Supuestos de despido disciplinario

El ordenamiento jurídico español reconoce la posibilidad de despedir a un trabajador que ha incurrido en un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones derivadas de su contrato de trabajo.

El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores recoge los supuestos que permiten a un empresario invocar esta figura jurídica:

  • Faltas de asistencia o impuntualidad, con carácter repetitivo e injustificado.
  • Indisciplina o desobediencia en el trabajo.
  • Ofensas verbales o físicas hacia el empresario, el resto de trabajadores o sus familiares convivientes.
  • Transgresión de la buena fe contractual o abuso de la confianza depositada en el trabajador para el desempeño de sus funciones.
  • Embriaguez habitual y toxicomanía, siempre que tengan una repercusión negativa en su trabajo.
  • Acoso por razones raciales o étnicas, religiosas, ideológicas, por discapacidad, edad u orientación sexual.
  • Acoso sexual, o por razón de sexo, hacia el empresario o cualquiera de sus compañeros de trabajo.

En consecuencia, cuando un trabajador es despedido por haber incurrido en cualquiera de las conductas anteriormente citadas, no tendrá derecho a percibir ninguna indemnización. 

No obstante, el empresario que tramite esta extinción de la relación laboral deberá abonar las cantidades propias del finiquito. Entre otros, percibirá los importes que correspondan a salarios devengados y no cobrados, así como a las vacaciones pendientes de disfrutar.

¿Se puede cobrar indemnización si se impugna el despido disciplinario?

Pese a que no existe derecho a percibir una compensación económica en estos supuestos de despido disciplinario, sí es posible que, en el marco de un procedimiento de impugnación, se imponga al empresario la obligación de abonar una indemnización. 

De este modo, la declaración de improcedencia del despido puede implicar que el empresario tenga que abonar la indemnización establecida en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Actualmente, la indemnización por despido improcedente que se debe abonar en España es de 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. Los períodos de tiempo inferiores a un año se prorratearán por meses.

Si la fecha de firma del contrato de trabajo es anterior al del 12 de febrero de 2012, habrá de aplicarse, en el cómputo de esta indemnización, la regla vigente previamente. Así, el tiempo trabajado antes de esa fecha se pagará a 45 días de salario por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. En este caso, también se prorratearán por meses los períodos de tiempo inferiores a un año.

Tal y como se expresa en el precepto anteriormente citado, se abonará este importe si el empresario no opta por la readmisión del trabajador, en el plazo de 5 días tras la notificación de la sentencia que declare el despido improcedente.

Por otro lado, si se determina que el despido es nulo y que se produjo una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, el contrato laboral seguirá vigente, pero el juez podrá decretar el pago de una indemnización por daños morales.

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